Existe vulneración de los derechos constitucionales referidos al debido proceso y defensa consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando se evidencia que la Administración Aduanera emite una Resolución Sancionatoria que carece de los fundamentos de hecho y de derecho que permitan motivar su posición respecto a la presunta contravención de contrabando contravencional en la que habría incurrido el Sujeto Pasivo, incumpliendo lo previsto en el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA); correspondiendo en consecuencia, la anulabilidad de obrados prevista en el Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB).

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que la misma carece sustento fáctico puesto que demostró que el número de chasis original del vehículo es diferente del que contiene la DUI, además que observó la discrepancia en el número de motor según lo establecido por DIPROVE y según la Póliza RUAT; y sin embargo esa instancia anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Procedimiento Sumario Contravencional de Contrabando; sin considerar que la DUI debe ser correcta, completa y exacta, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez anuló la Resolución emitida por la Administración Tributaria (AN).

"En este contexto, de la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, se evidencia que la Administración Aduanera declaró probada la contravención aduanera por contrabando contravencional del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0029/2017, porque de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo e información de la entidad competente DIPROVE, observó que los datos verificados de la mercancía, al momento del aforo físico, respecto al chasis y motor, no guardan correspondencia; asimismo, señaló que la Póliza de Importación N° 3694 (debió decir 6394), presentada en fotocopia simple, incumple lo establecido en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano (CTB) (...).

(...)

Resulta también evidente que la documentación de respaldo a la legal importación del vehículo en cuestión, entre otros, Póliza de Importación N° 6394, data de la gestión 1988 (13 de octubre de 1988); entendiendo que en tal momento, la normativa y procedimiento vigente que estableció la forma de llenado de los datos concernientes de la mercancía importada, como número de chasis y motor, podía ser diferente al Artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); situación que no consideró la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria en Contrabando; puesto que se limitó a señalar que la DUI debe se completa, correcta y exacta; sin hacer ninguna diferenciación entre la Póliza de Importación y la Declaración Única de Importación (DUI).

Por lo señalado, ante la omisión de fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la posición de la Administración Aduanera respecto de la contravención aduanera por contrabando del vehículo, es evidente la vulneración al Derecho a la Defensa que le otorgan los Artículos 68, Numeral 7 y 76 del Código Tributario Boliviano (CTB), lo que supone la indefensión al Sujeto Pasivo, quien se vio imposibilitado de asumir defensa respecto al cargo establecido por la Administración Aduanera. En ese sentido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria en Contrabando incumplió lo previsto por el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) lo que determina que dicho acto esté viciado de nulidad.

Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que la Administración Aduanera vulneró los derechos constitucionales referidos al Debido Proceso y Defensa, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68, Numerales 6 y 7 del Código Tributario Boliviano (CTB), al amparo del Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) (aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 del Código Tributario Boliviano [CTB]), corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0972/2017, de 28 de agosto de 2017. En consecuencia, anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0987/2017, de 26 de abril de 2017, inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir un nuevo acto fundamentando conforme el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA). (FTJ IV.4.2. viii. xi. xii. y xiii.)

-Arts. 115 Par. II, 117 Par. I de la Constitución Política del Estado (CPE)
-Arts. 68 Num. 6 y 7, 74 Num 1 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts. 28 Inc. e), 36 Par. I y II de la Ley N° 2341 (LPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1579/2017 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):