No corresponde disponer la anulabilidad de obrados invocada por la Administración Tributaria cuando se evidencia que la Instancia de Alzada emite la Resolución del Recurso de Alzada en estricto cumplimiento de las previsiones del Artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, considera – entre otros – los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso interpuesto, además de realizar la valoración de los antecedentes administrativos y la documentación presentada en calidad de prueba por el ente fiscal.

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria (GM) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que la ARIT ha realizado una interpretación parcializada de los antecedentes administrativos; toda vez que no valoró la argumentación presentada a momento de dar respuesta al Recurso de Alzada y menos la documentación adjunta al memorial de ofrecimiento y ratificación de pruebas; y sin embargo esa instancia anuló obrados hasta la Vista de Cargo de la Administración Tributaria (GM) dentro de un Procedimiento de fiscalización; por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez anuló obrados hasta la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria (GM).

“De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en el Punto IV.1 Determinación de Adeudo Tributario (…) señaló: ‘La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respondió señalando que en virtud a la documentación presentada por el contribuyente, se realizó la verificación en relación al inmueble, cuyo resultado mediante imagen satelital del área en el sector kellumani, correspondiente al distrito municipal N° 22-Macrodistrito Hampaturi y distrito municipal N° 18-Macrodistrito sur, se verificó que el área en consulta se encuentra en el interior del radio urbano establecido por la Ley 453/68, por consiguiente pertenece a la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; en ese sentido el predio signado con el número de Registro Tributario N° 983735 pertenece a su jurisdicción y competencia, motivo por el cual continuó con el procedimiento de fiscalización y determinación’.

Continuó la Resolución del Recurso de Alzada: ‘(…) la Vista de Cargo señala que se procedió con la valoración de la documentación presentada por la contribuyente y los informes emitidos por la Administración Municipal, en base a los cuales se verificó la jurisdicción y competencia para la fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias sobre el predio N° 983735; asimismo mediante informe PDPM N° 231/2016, el cual establece los datos técnicos del inmueble, por los cuales se calculó el IPBI y/o IMPBI, señalando además que se debe proceder a la regularización de la deuda tributaria por las gestiones fiscalizadas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; reitera en base a los antecedentes administrativos del GAMLP tener plena competencia y jurisdicción para el control, verificación, fiscalización, determinación de tributos, recaudación, cálculo de la deuda tributaria’. En ese sentido, se advierte que la Resolución del Recurso de Alzada consideró los argumentos expuestos por la Administración Tributara Municipal en la respuesta al Recurso de Alzada.

Asimismo, en relación a la valoración de la prueba, se tiene (…), que la ARIT indicó que de la evaluación de la documentación presentada, evidenció que la Contribuyente realizó el pago de los impuestos correspondientes en el Municipio de Palca, lo que le permite formar convicción respecto al registro de empadronamiento y pagos realizados en el Municipio de Palca; por lo que no puede asentir un doble pago por un mismo hecho generador, en resguardo a los principios de Igualdad y de No Confiscatoriedad; toda vez que permitir la existencia de una doble imposición, constituye un acto inconstitucional. También indicó (…), que existe controversia respecto a la jurisdicción a la que pertenece el inmueble consignado en la Resolución Determinativa impugnada, por lo que no corresponde a dicha Instancia Recursiva emitir pronunciamiento alguno, hasta que la Autoridad llamada por Ley defina expresamente los límites jurisdiccionales entre los Municipios de La Paz y Palca; más aún, si se considera que el Inmueble N° 983735, según la documentación adjunta muestra que viene cumpliendo con sus pagos por el IPBI en la jurisdicción del Municipio de Palca.

En ese sentido, se evidencia que la Instancia de Alzada consideró los argumentos expuestos por la Administración Tributaria Municipal en la respuesta al Recurso de Alzada, además de que previa consideración de los argumentos de ambas partes, antecedentes administrativos y pruebas emitió pronunciamiento respecto a los mismos, por lo que no es evidente lo expuesto por el Sujeto Activo al respecto.

En cuanto a que la ARIT no hubiera valorado la documentación adjunta al memorial de ofrecimiento y ratificación de pruebas, presentado por el Sujeto Activo, cabe señalar que de la revisión del expediente se tiene que el 5 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Municipal, presentó memorial por el que ofrece, reproduce y ratifica pruebas, indicando que ratifica las literales presentadas a momento de responder al Recurso de Alzada; asimismo, presentó copia legalizada del Formulario de Empadronamiento del Inmueble N° 983735, que acredita la inscripción del inmueble 12 años después de haber la propietaria adquirido el bien inmueble (…).

Al respecto, cabe señalar que de fojas 151 a 153 del expediente, ARIT La Paz, realizó un detalle de los antecedentes administrativos y fundamentó su posición en base a dicho análisis; en ese sentido, se advierte que la Instancia de Alzada consideró todos los antecedentes administrativos remitidos por el Sujeto Activo al momento de responder al Recurso de Alzada; y respecto al empadronamiento ante la Administración Tributaria Municipal de La Paz, evidenció que también existe un empadronamiento ante la Administración Tributaria de Palca; por lo que determinó la existencia de un conflicto de jurisdicciones entre ambos Municipios, para ejercer su acreencia fiscal; por lo que concluyó indicando que le toca a otra autoridad establecer los límites de dicha controversia (…).

De lo señalado, se evidencia que la ARIT La Paz, consideró los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; además valoró los antecedentes administrativos y la documentación presentada en calidad de prueba por la Administración Tributaria Municipal; por lo que la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida conforme a lo establecido en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB); consecuentemente, corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por la Administración Tributaria Municipal y continuar con el análisis de los demás aspectos impugnados.” (FTJ IV.3.2. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. y xv.)

-Art. 211 de la Ley N° 2492 (CTB)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0069/2018 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):