Conforme lo dispuesto por el Artículo 195 de la Ley N° 2492 (CTB), que regula el Principio de la Doble Instancia, en aquellos casos en que se establezca la inexistencia de vicios de anulabilidad identificados por la Instancia de Alzada, precautelando el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la emisión de una nueva Resolución del Recurso de Alzada que contemple la consideración de todos los agravios denunciados, en virtud a lo previsto en el Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de conformidad a lo establecido por el Artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB).

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que su interpretación es errada, puesto que no se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; sin embargo, esa instancia anuló la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria (GM) dentro de un Procedimiento de Determinación, sin considerar, que se hizo conocer al Sujeto Pasivo el estado de la tramitación del proceso, habiéndose notificado todas las actuaciones administrativas como ser la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, actos que contienen los requisitos formales y esenciales para alcanzar su finalidad, cita al efecto las Sentencias Constitucionales Nos. 731/2010 y 0332/2012. Añade que al haber notificado al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo le otorgó la facultad de hacer valer sus pretensiones y producir pruebas, aspecto que no realizó, toda vez que no presentó pruebas de descargo, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió ANULAR la Resolución de Alzada la que a su vez anuló obrados hasta la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria (GM).

“De lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal notificó mediante Cédula a Enrique Saavedra Dorado con la Orden de Fiscalización, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, es decir poniendo en conocimiento sus actos administrativos y los motivos de sus pretensiones, donde el Sujeto Pasivo no presentó documentación de descargo que enerve y/o desvirtúe la posición del Ente Recaudador, conforme prevén los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto por el cual se establece que la indefensión fue causada por sí mismo, ya que no tuvo la diligencia de aportar mayores elementos al Proceso de Fiscalización, toda vez que en los Procedimientos Tributarios Administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos aportando y ofreciendo pruebas pertinentes y oportunas para que sean valoradas por la Administración Tributaria bajo el concepto de la sana crítica, sin embargo en el presente caso no sucedió, ya que no se evidencia prueba alguna aportada por el administrado.

En ese sentido, de la nota de descargo planteado por Enrique Saavedra Dorado se observa que denunció agravios y vicios de la Vista de Cargo N° 4773, de 5 de marzo de 2013, empero, si bien en el Punto 3 argumentó la ´Nulidad por inspección no consumada´, toda vez que la Administración Tributaria Municipal no habría realizado una inspección física remitiéndose a imágenes cartográficas (…), no se advierte que haya propuesto una inspección ocular u ofrecido algún elemento probatorio que desvirtúe la posición del Sujeto Activo, toda vez que se limitó a denunciar nulidades y no a aportar descargos, en ese sentido no se evidencia que se haya causado la indefensión del administrado, en virtud a que tenía todos los medios probatorios para activarlos en la instancia administrativa.

Respecto al Aviso de Inspección pegado en la puerta de Enrique Saavedra Dorado (…), se tiene que es un elemento por el cual la Administración Tributaria Municipal respalda el hecho de no haber podido ingresar al inmueble N° 99972 fiscalizado para poder ejecutar sus facultades previstas en el Artículo 100, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, realiza la liquidación tributaria sobre Base Cierta del IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, en base a los datos cartográficos e imágenes satelitales, datos y fotografías externas del inmueble fiscalizado, conforme determinan los Artículos 44 y 45 Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), más aún cuando habiendo requerido al Sujeto Pasivo información y descargos del bien inmueble en cuestión a través de la notificación de la Orden de fiscalización no lo hizo.”

“En ese contexto, la aplicación de los datos cartográficos y fotografías tomadas del exterior del bien inmueble fiscalizado (…) se constituyen en datos, antecedentes y elementos indirectos que permitieron al Ente Fiscalizador deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud llegando a los siguientes resultados: el Bloque A con 336.34 m2, con calidad buena, el Bloque B con 192.94 m2 calidad buena, Boque C con 18.00 m2 calidad económica, Vivienda Unifamiliar, superficie 550 m2, Zona 2, material de la Vía Asfalto, estableciendo una Base Imponible sobre Base Presunta para las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, liquidando una deuda tributaria de Bs44.146., como se evidencia en el Informe Final de Fiscalización N° 5852, de 5 de marzo de 2013 y la Vista de Cargo N° 4773 de 5 de marzo de 2013 (…)”.

“Respecto a la verdad material invocada por Enrique Saavedra Dorado, corresponde aclarar que si bien la Administración Tributaria Municipal tiene la obligación de ingresar al análisis de la verdad material dentro de un Proceso de Fiscalización, sin embargo, no es menos cierto que en sujeción del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) el Sujeto Pasivo debió presentar descargos reflejados en pruebas objetivas y cuantificables que desvirtúen la posición del Ente Municipal para la liquidación sobre Base Presunta que realizó en base a los datos técnicos recogidos del sistema cartográfico, datos y fotografías tomadas del exterior del bien inmueble fiscalizado en aplicación del Artículo 44 de la referida Ley N° 2492 (CTB), en ese sentido, toda vez que el administrado no proporcionó elementos que desvirtúen la liquidación sobre Base Presunta dentro del Proceso de Fiscalización a pesar de haber conocido el contenido de la Vista de Cargo, dicha negligencia ocasionó su propia indefensión y resulta irrelevante invocar el Principio de Verdad Material como un vicio de nulidad, si fue el mismo contribuyente quién omitió aportar mayores elementos que enerven los cargos del Sujeto Activo.

Sobre la aplicación del Artículo 57 de la Ley N° 843 (TO) invocado por Enrique Saavedra Dorado en sus alegatos escritos, corresponde hacer notar que el Artículo 54 del mismo cuerpo legal señala que la Base Imponible del IPBI estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo, en ese sentido de la revisión de la Vista de Cargo N° 4773, de 5 de marzo de 2013, señala que: “En la proforma N° 313315 de 05/03/2013 se detalla la base imponible, el tributo omitido, los accesorios de Ley las características técnicas del inmueble, en base al cual se liquida la deuda tributaria en cumplimiento de las Resoluciones Supremas y Ordenanzas Municipales N° 3807/08, RS 228773/08; OM 3950/09, RS 563/09; OM 4119/2010, RS 2895/10; OM 1251/11, RS 5129/11 que rigen el IPBI para cada gestión”; asimismo, se advierte que en la misma fecha se dejó en la puerta del domicilio del contribuyente la Proforma Detallada del Inmueble N° 313315 (…), en ese contexto, corresponde señalar que la Base Imponible establecida en la Vista de Cargo para las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, emerge del avalúo establecido por la Administración Tributaria Municipal en base a los datos técnicos que consigna el bien inmueble relacionados a la superficie del terreno, zona tributaria, material de la vía, servicios, inclinación y ubicación, por lo que se establece que el referido acto administrativo contiene la información sobre la liquidación de Base Imponible sobre Base Presunta, conforme a las normas legales vigentes.

Consiguientemente, se establece que la Vista de Cargo N° 4773, de 5 de marzo de 2013, contiene los requisitos establecidos en el Artículo 96, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) además de haber cumplido a cabalidad con los requisitos para la liquidación de la deuda tributaria sobre Base Presunta conforme determinan los Artículos 44 y 45, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el contribuyente no aportó ni ofreció pruebas que desvirtúen los cargos de la Administración Tributaria Municipal; en consecuencia, la referida Vista de Cargo cumple con las formalidades de Ley, alcanzó su finalidad y no causó la indefensión de Enrique Saavedra Dorado; en consecuencia, teniendo en cuenta el Principio de la Doble Instancia previsto en el Procedimiento de Impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, que se refleja en los Recursos de Alzada y Jerárquico, previstos en los Artículos 143, 144, 195, 218 y 219 del Código Tributario Boliviano donde el Sujeto Pasivo como la Administración Tributaria Municipal tienen ambas instancias para hacer prevalecer sus derechos, denunciar los agravios correspondientes y sustentar sus posiciones; por lo que al haberse establecido la inexistencia del vicio de anulabilidad identificado por la ARIT Cochabamba resulta imprescindible tomar en cuenta los Principios Constitucionales y Administrativos referidos, precautelando el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa para ambas partes previstos en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que en aplicación de los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia Jerárquica anular la Resolución del Recurso de Alzada (...) con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la referida Resolución del Recurso de Alzada, inclusive debiendo la instancia de Alzada analizar en su totalidad los argumentos planteados por el recurrente, a efectos de determinar lo que en derecho corresponda”. (FTJ IV.4.1. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. y xviii.)

-Arts. 115 Par. II de la Constitución Política del Estado (CPE)
-Arts. 68 Num. 6, 143,144, 195, 201, 218 y 219 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Art. 36 Par. I y II de la Ley N° 2341 (LPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0108/2015 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):