En los casos en los que la Administración Tributaria no haya explicado el procedimiento seguido para establecer la base imponible del IUE, presumiendo la deducción del 50%, sobre supuestos ingresos no declarados, respaldando dicha presunción en lo dispuesto en el Artículo 3, Inciso c) del Decreto Supremo N° 24051, siendo que dicha normativa es aplicable para la determinación de la base imponible del IUE de los profesionales independientes, es decir, sin tomar en cuenta que el Sujeto Pasivo fiscalizado es una Empresa, en tal situación la Administración Tributaria para la determinación de la obligación tributaria no ha seguido el procedimiento legalmente establecido; puesto que no sólo debe limitarse en la verificación de la información contenida en los Extractos Bancarios, sino obtener otros elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos observados constituyen ingresos no declarados y ejercer sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, realizando a este efecto, procedimientos alternativos como solicitar al Sistema Financiero justificaciones del origen de los depósitos, identificación de los depositantes -entre otros- procedimientos conducentes a probar que los depósitos corresponden a ingresos no declarados del verdadero Sujeto Pasivo, y de esta manera le permita deducir la existencia y cuantía de la obligación tributaria, en mérito a los datos o elementos que permitan establecer que dichos depósitos están vinculados a la actividad de la empresa fiscalizada.

En un Recurso Jerárquico la Administración Tributaria (SIN) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada señalando que no realizó un correcto análisis, ya que no consideró los antecedentes administrativos y los argumentos expuestos; puesto que omite considerar aspectos de orden legal que hace a la determinación sobre Base Presunta; y sin embargo esa instancia revocó parcialmente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) dentro de un Procedimiento de Fiscalización, sin considerar que no habiendo el Contribuyente presentado la documentación requerida con el primer requerimiento y con el segundo la presentó parcialmente, se solicitó a la ASFI, información de las cuentas bancarias y extractos de cuenta del Sujeto Pasivo, en atención a la misma el Banco Bisa y Mutual de Ahorro y Préstamo "La Primera" remiten los Estados de Cuentas; refiere que de la información obtenida de la ASFI, el Sujeto Pasivo, como persona jurídica no registra cuentas en las entidades bancarias, sin embargo el representante, tiene a su nombre cuentas bancarias en las entidades financieras y, con la información obtenida del Banco Bisa SA. y Mutual “La Primera” y la información parcial proporcionada por el contribuyente, verificó el Libro de Ventas IVA de la gestión 2009 con relación a los depósitos bancarios proporcionados por las entidades financieras, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada la que a su vez revocó parcialmente la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (SIN)

"(...) la Administración Tributaria para la determinación sobre Base Presunta, únicamente se sustenta en la aplicación del Parágrafo II, Artículo 43 de la Ley N°2492 (CTB) y de la RND N°10-0017-13; es en esta instancia Jerárquica que complementa y fundamenta de que en base a los Artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB); 46, 47 y 50 de la Ley N° 843 (TO); 4, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 24051, dio cumplimiento con la Determinación de Ingresos No Declarados sobre Base Presunta, toda vez que, el contribuyente no habría presentado la totalidad de la documentación requerida, y que no habría demostrado que los ingresos depositados en las cuentas de Hugo Gustavo Rivadeneyra Ergueta correspondan a ingresos personales."

"Es importante dejar en claro que el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), de forma contundente establece las circunstancias para la determinación sobre Base Presunta; sin embargo, la Administración Tributaria ni siquiera citó la referida normativa en la Vista de Cargo, ni en la Resolución Determinativa, menos precisó cuáles de esas circunstancias se configuraron para la aplicación de la Base Presunta en la determinación de la base imponible del IUE.

Asimismo, corresponde señalar que presumir que los depósitos bancarios obtenidos de los Estados de Cuenta de una persona natural (Hugo Gustavo Rivadeneyra Ergueta) se constituyan en ingresos no declarados de una persona jurídica (Transportes Rivadeneyra y Mantilla SRL.), no es una información válida que permita deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud y cuantía de la obligación tributaria, en los términos que plantean los Artículos 43, Parágrafo II y 45, Parágrafo I, Numerales 1, 2 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual forma, argüir que Hugo Gustavo Rivadeneyra Ergueta no ha justificado documentalmente el origen de los depósitos en su cuenta, no es suficiente fundamento para demostrar que el origen de dichos depósitos provengan de la presentación de servicios de parte la empresa Transportes Rivadeneyra y Mantilla SRL.

Adicionalmente, cabe hacer notar que la Administración Tributaria en los actos administrativos emitidos en contra de Transportes Rivadeneyra y Mantilla SRL., no explicó el procedimiento seguido para establecer la base imponible del IUE, puesto que para este efecto, ha presumido la deducción del 50%, sobre los supuestos ingresos no declarados, respaldando con lo previsto en el Inciso c), Artículo 3 del Decreto Supremo N° 24051, siendo que dicha normativa es aplicable para la determinación de la base imponible del IUE de los profesionales independientes, es decir, sin tomar en cuenta que en el caso presente el Sujeto Pasivo fiscalizado es Transportes Rivadeneyra y Mantilla SRL.

Por lo referido, se establece que la Administración Tributaria para la determinación de la obligación tributaria del Sujeto Pasivo sobre Base Presunta, no ha seguido el procedimiento legalmente establecido; puesto que no sólo debió limitarse en la verificación de la información contenida en los Extractos Bancarios, sino obtener otros elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos observados constituyan ingresos no declarados y ejercer sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N°2492 (CTB), realizando a este efecto, procedimientos alternativos como solicitar al Sistema Financiero justificaciones del origen de los depósitos, identificación de los depositantes -entre otros- procedimientos conducentes a probar que los depósitos corresponden a ingresos no declarados del verdadero Sujeto Pasivo, y de esta manera le permita deducir la existencia y cuantía de la obligación tributaria, en mérito a los datos o elementos que permitan establecer que dichos depósitos están vinculados a la actividad de la empresa fiscalizada.

En este entendido se tiene que la Administración Tributaria no demostró que los hechos generadores se hubieran configurado, para de esta manera dar origen al nacimiento de las obligaciones tributarias del IUE, tal cual lo establecen los Artículos 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, se concluye que el procedimiento seguido para la determinación de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo sobre Base Presunta, es insuficiente; por tanto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar en este punto, la decisión de la Resolución de Alzada; debiendo en consecuencia revocarse la deuda tributaria determinada sobre Base Presunta por el IUE correspondiente a la gestión fiscal 2009; por un total de 47.316 UFV, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago.(FTJ IV.4.3.1. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi. y xxvii.)

-Arts. 43 Par. II ; 45, Par. I, Num. 1, 2 y 3; 44; 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Art. 3 del Decreto Supremo N° 24051