El contribuyente, de conformidad a lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, debe respaldar sus actividades y operaciones gravadas, mediante registros generales y especiales, facturas, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; en ese mismo sentido los Artículos 37 y 44 del Código de Comercio, establecen las clases de Libros que deben llevar obligatoriamente los comerciantes y la forma de registro de sus operaciones a fin de respaldar sus operaciones o sus actividades; más si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) conforme establece el Artículo 76 de la mencionada Ley 2492, le corresponde al contribuyente.

En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que habría incurrido en una flagrante violación de sus derechos al confirmar la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) dentro del Procedimiento de Verificación, sin considerar que las facturas tienen toda la legalidad, si bien se identifica a las facturas observadas y que no contiene requisitos legales, se omite mencionar las que si cumplen con los requisitos legales, debiendo disminuirse el monto determinado en la Resolución Determinativa, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada la que a su vez confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN).

“Como se podrá observar, el contribuyente aún cuando fue notificado personalmente con la referida Vista de Cargo, en la cual, la Administración Tributaria otorgó el plazo de 30 días para formular y presentar descargos, conforme establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); no presentó ningún descargo que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria; es decir, no hizo uso del derecho que le faculta el Numeral 7 Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). En ese contexto, cabe indicar que al existir observaciones al crédito fiscal IVA, el contribuyente, de conformidad al Artículos 70, Numerales 4 y 5, además del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), debió descargar las observaciones de la Administración Tributaria, respaldando sus operaciones de compras y/o gastos, con facturas, documentación contable y medios de pago, hecho que no aconteció.

Sin embargo, pese a la situación descrita, el recurrente extrañamente arguye que la Resolución de Alzada habría generalizado la posición de la Administración Tributaria respecto a la depuración del Crédito Fiscal IVA, al no considerar que las facturas tienen toda la legalidad. De esta afirmación se deduce que el sujeto pasivo al no poder desvirtuar la determinación de la Administración Tributaria, lo único que hace es exponer argumentos manifiestamente inconducentes que no lleva a nada que pueda rebatir las observaciones establecidas en su contra; puesto que de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente no se evidencia que hubiera presentado algún documento de descargo que desvirtúen las observaciones; pese a que la carga de la prueba recae en el propio contribuyente conforme los Artículo 70, Numeral 5 y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); consecuentemente, se confirma la decisión de la Resolución de Alzada en este punto.

Asimismo, corresponde señalar que la Administración Tributaria en virtud a las facultades otorgadas por los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), cuenta con diferentes mecanismos de control para establecer la validez de las facturas declaradas por los contribuyentes, el mismo que es realizado a través de cruces de información con los proveedores; en el presente caso, las facturas de compras declaradas por el contribuyente, fueron verificadas con la información contenida en su base de datos, y de la compulsa de la misma estableció que Valentín Laura Quispe se benefició del crédito fiscal IVA de las Facturas Nos. 684, 689, 692, 693 de fechas 1, 3 y 9 de abril de 2008; Facturas Nos. 700, 702, 703, 705, 707, 708, 710, 711, 713, 714, 716, 792, de fechas 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19 y 30 de mayo de 2008 y las Facturas Nos. 818, 821, 822, 824, 825, 826, 828, 832 y 834 de fechas 2, 4, 6, 9, 10, 12 y 14 de junio de 2008, emitidas por Gregoria Rodríguez con NIT 2382622011, las mismas que no fueron dosificadas por el SIN.

La observación, descrita no fue desvirtuada por el contribuyente, más cuando Valentín Laura Quispe según el formulario de “Consulta de Padrón”, tiene como actividad la “Venta de partes y accesorios de vehículos automotores” (…), de conformidad a lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió respaldar sus actividades y operaciones gravadas, mediante registros generales y especiales, facturas, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; en ese mismo sentido los Artículos 37 y 44 del Código de Comercio, establecen las clases de Libros que deben llevar obligatoriamente los comerciantes y la forma de registro de sus operaciones a fin de respaldar sus operaciones o sus actividades; aspectos que en ningún momento fueron considerados por el recurrente.

Por todo lo expuesto, al no haber respaldado el sujeto pasivo sus afirmaciones con prueba documentada durante la etapa de verificación, ni durante la sustanciación del Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria por el IVA correspondientes a los períodos abril, mayo y junio de 2008; más si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) le correspondía al contribuyente; (...)” (FTJ IV.4.3. x. xi. xii. y xiii.).

-Arts. 66 Num.1, 70 Num. 4 y 5, 76, 98 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts. 37 y 44 del Código de Comercio

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1782/2013 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):