El Artículo 211 de la Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, señala que las resoluciones deben dictarse de forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha, firma del Superintendente Tributario (actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; además, que las mismas deben sustentarse en los hechos, antecedentes y en derecho aplicable que justifique su dictado; en ese sentido, en caso de evidenciarse que la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, si bien refiere en su análisis a las cuestiones planteadas por el recurrente, sin embargo, se limita a enunciar la documentación presentada por el Sujeto Pasivo sin exponer los motivos o fundamentos que le llevaron a concluir su decisión, corresponde la anulabilidad de obrados, toda vez que la fundamentación es un requisito esencial para la emisión del acto administrativo y su ausencia provoca que el acto carezca de un requisito formal para alcanzar su fin, motivo por el cual la Resolución de Alzada se encuentra viciada de anulabilidad.

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que se inobservó lo establecido por el Artículo 211 de la Ley 2492 (CTB), y revocó parcialmente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) emitida dentro del Procedimiento de Verificación, sin considerar que la documentación presentada por el contribuyente no constituye un descargo para validar el crédito fiscal y menos indica la valoración de la ARIT para establecer el cumplimiento del tercer requisito, lo que evidencia la falta de fundamento sobre la decisión de modificar reparos, tampoco establece de qué manera la documentación presentada por el contribuyente constituye prueba clara, completa y fidedigna para demostrar la transacción, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió ANULAR la Resolución de Alzada la que a su vez revocó parcialmente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) .

“De la compulsa de los argumentos del Recurso de Alzada y la decisión expresada en la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, se evidencia que éste último acto, si bien, refiere en su análisis las cuestiones planteadas por el recurrente; sin embargo, en cuanto a la validez del crédito fiscal, se limita a enunciar la documentación presentada por el sujeto pasivo en el proceso de determinación, sin exponer los motivos por los cuales la prueba puede ser calificada como clara, completa y fidedigna, pues no se advierte que la instancia de alzada hubiera procedido a la valoración de cada uno de los documentos aportados por la empresa recurrente, ni expresa cuales fueron las razones que motivan a concluir de manera lógica que los mismos respaldan la efectiva realización de las transacciones observadas por la Administración Tributaria.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la valoración de la prueba conforme disponen los Artículos 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 215 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), debe realizarse conforme a la sana crítica, forma que si bien deja a la autoridad formar libre convicción de su apreciación respecto a los hechos; empero obliga a que la misma se encuentre debidamente fundamentada y motivada en proposiciones lógicas; situación que en el presente caso, no se cumple debido a que como se estableció precedentemente, la instancia de alzada, no expone los fundamentos que le llevaron a concluir que la prueba presentada por el sujeto pasivo demuestra la materialización de la transacción registrada en la factura Nº 9663.

En este entendido, siendo que la fundamentación constituye un requisito esencial para la emisión del acto administrativo, su ausencia provoca que el acto carezca de un requisito formal para alcanzar su fin, dando lugar a que el mismo se encuentre viciado de nulidad. En este caso, la Resolución de Alzada, tal como prevé el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), debió contener los motivos de hecho y derecho que fundamentan su decisión, como resultado de la valoración de la prueba presentada por el sujeto pasivo; sin embargo, al haberse verificado que esta situación no ocurrió, es evidente que el citado acto administrativo se encuentra viciado de nulidad.

En consecuencia, toda vez que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, de conformidad a lo previsto en el Parágrafo II del Artículos 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB); en el presente caso, se tiene que la Resolución de Alzada, no cumplió con uno de los requisitos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB) en cuanto a la fundamentación de su decisión, por lo que se hace necesario sanear el procedimiento, anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0250/2013, de 10 de mayo de 2013, inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emita una nueva Resolución de Alzada, con la debida fundamentación, de acuerdo a los argumentos expuestos precedentemente.”(FTJ IV.4.2 viii. ix. x. y xi.).

-Arts. 201 y 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) -Art. 36 Par. II del de la Ley Nº 2341 (LPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1331/2013 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):