Las Resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada deberán contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas que se sustentará en los hechos y antecedentes del caso, conforme señala el Artículo 211 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), caso contrario no corresponde que la instancia jerárquica se pronuncie en el fondo, pues ello daría lugar a un pronunciamiento en única instancia en vulneración de la doble instancia que se constituye en garantía constitucional del debido proceso, situaciones en las que corresponde sanear el procedimiento disponiendo la anulabilidad de obrados.

En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, manifestando que la confusión extrema de la Resolución de Alzada, impidió a esa instancia ingresar al análisis de la real controversia del caso, referido a la procedencia del cobro de intereses sobre la sanción por evasión y la multa por mora sobre esos intereses; toda vez que al confirmar el Auto Motivado, emitido por la Administración Tributaria (SIN), dentro del Procedimiento Determinativo del IUE, ha considerado correcta la aplicación de la multa por mora de la sanción, en función a que la misma fue confirmada por el Auto Supremo y en aplicación del art. 118 de la Ley 1340 (CTb) correspondía se aplique el 10% sobre los intereses previstos en el art. 58 de la citada Ley; sin considerar que de acuerdo con los arts. 118, 58 y 14 de la Ley 1340 (CTb), la multa por mora debió calcularse sobre los intereses del tributo omitido, sin calcular adicionalmente una multa por mora sobre los intereses de la sanción por Evasión, añade que el Auto Supremo nunca estableció el pago de la multa por mora de los intereses sobre la sanción, ni confirmó este concepto, dado que no fue incluido en la Resolución Determinativa, por lo que la Alzada en la interpretación del alcance del Auto Supremo ha incurrido en error, impidiendo la tutela jurídica y la declaración de improcedencia de los dos conceptos nuevos e ilegales incluidos en la ejecución de sentencia, sobre los cuales nunca pudo defenderse, demostrando en Alzada su completa ilegalidad, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución de Alzada.

El Director Ejecutivo General, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada, la que a su vez, confirmó el Auto Motivado de la Administración Tributaria (SIN).

“(…) el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008 en el primer considerando expresa los motivos de fondo y forma que sustentan el recurso de casación: a) En el fondo, acusa la aplicación errónea de la Ley de Capitalización, de los arts. 228 de la CPE abrogada, 168 y 170 de la Ley 1340 (CTb), 27 de la Ley 843 y 28 del DS 24051, referentes al impuesto omitido; la improcedencia de la aplicación de sanción por supuesta evasión fiscal; y reclama la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que elimina la multa por mora; b) En la forma, denuncia la falsa intervención del Ministerio Público en el caso de autos, haciendo mención a que el Tribunal ad quem, sin solicitud de parte y contraviniendo la Circular Nº 25/04, de 21 de julio de 2004 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decretó "Vista Fiscal" y que en 20 de marzo de 2006, decretó "Autos", lo que implica -a su juicio- un mal proceder, constituyendo un error "in procedendo" que afecta al orden público, importando la nulidad de obrados.”

“(…) en función a los argumentos descritos en el párrafo anterior resolvió el Recurso de Casación, en dos puntos: Sobre la forma, estableció que el decreto de remisión a Vista Fiscal no causó ningún daño al recurrente, toda vez que el expediente no habría sido remitido materialmente al Ministerio Público. Sobre el fondo estableció que la Resolución Determinativa Nº 38/2003, de 28 de octubre de 2003, cumple con los requisitos previstos por el art. 170 de la Ley 1340 (CTb), puesto que indica el tributo y período fiscal correspondiente, apreciación de las pruebas, las defensas alegadas y los fundamentos legales de la decisión; de donde se infiere por todos los aspectos técnico-contables valorados y las disposiciones legales aplicadas, que las infracciones acusadas en el recurso no son evidentes.”

“(…) señala en cuanto a la conducta tributaria del contribuyente que la Administración Tributaria verifica que CHACO SA ha omitido el pago del IUE, por lo que se le sanciona con evasión fiscal conforme a los arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb); asimismo, en cuanto a la multa por mora señala textualmente que es “igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, no es aplicable el art. 150 del Cód. Trib. (Ley Nº 2492 …), debido a que el período fiscalizado corresponde a la gestión 1998, justamente en aplicación de la irretroactividad de la ley contenida en el art. 33 de la CPE; es decir, cuando estaba en vigencia plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992” (…).”

“En ese contexto el Auto Supremo al disponer que la multa por mora es imponible debido a la imposibilidad de la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) en virtud del art. 33 de la CPE abrogada, por encontrase vigente en la gestión 1998 la Ley 1340 (CTb), y al no haber diferenciado si se trataba de la multa por mora del tributo omitido o de la sanción, dio a entender que su análisis abarcó ambos conceptos; es decir todas las posibilidades legales de aplicación de la Mora, por lo que en cumplimiento al Auto Supremo 309, de 1 de agosto 2008, la Administración Tributaria inicia la ejecución tributaria aplicando en la parte adjetiva, es decir, en cuanto al procedimiento de la ejecución la Ley 2492 (CTB), y en cuanto a la parte sustantiva, vale decir, en cuanto a la liquidación la Ley 1340 (CTb); determinando la aplicación de la multa por mora a los intereses, que emerjan tanto del tributo omitido, como de la sanción, en virtud a lo dispuesto en los arts. 58 y 118 de la citada Ley.

En ese entendido la Resolución de Alzada, señaló en su fundamentación que al haber recurrido el contribuyente a la vía judicial para impugnar la Resolución Determinativa Nº 38/2003, que concluyó con el Auto Supremo que habilitó a la Administración Tributaria a proceder a la ejecución del acto impugnado; determinó correctamente que no es posible la revisión, modificación o alteración de lo resuelto, es decir, que la liquidación que debía realizar la Administración Tributaria debe sujetarse necesariamente al Auto Supremo, que se constituye en Título de Ejecución Tributaria; y que en esa instancia sólo se podía revisar la suma en la liquidación y si ésta se encuentra dentro de los parámetros que fueron dispuestos por el Auto Supremo, pues el fallo está revestido de la calidad de cosa juzgada tanto material como formal.

Además la Resolución de Alzada que confirma el Auto Motivado N° 25-000008-09, de 28 de enero de 2009, considera en su decisión la pretensión expuesta por el recurrente en su Recurso de Alzada y los antecedentes de la ejecución tributaria, como el Auto Supremo 309 que determina la imposición de la multa por mora a todo interés debido, sea por tributo o sanción, en aplicación de los arts. 58 y 118 de la Ley 1340 (CTb), por lo que no es evidente la confusión en dicha resolución, ni la falta de pronunciamiento respecto al objeto de la controversia que se funda en la imposición del interés sobre la sanción por evasión y la multa por mora sobre esos intereses, toda vez que de forma expresa establece que “no todos los accesorios de la multa sancionatoria habían sido cancelados en su totalidad hasta el 9 de enero de 2009, ya que de la multa sancionatoria, se había cancelado sólo el monto calculado en la resolución determinativa más el mantenimiento de valor y no así los intereses y multa por mora” (…).”

“Por todo lo expuesto se establece que la Resolución de Alzada fue emitida en observancia de los arts. 198-I, inc. e) y 211 de la Ley 3092 (…), que establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que considera el principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución del Jerárquico, correspondiendo a esta instancia Jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada.” (FTJ IV.3.1. iii. iv. v. vi. vii. viii. y ix.)

-Arts. 198-I, inc. e) y 211 de la Ley 3092 (Título V CTB)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0282/2009 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):