Tratándose de la Contravención de Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, establecida en el Artículo 163 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB) y detectada a través de procedimientos de Verificación Interna, corresponde que la Administración Tributaria, en observancia de la carga de la prueba prevista por el Artículo 76 de la referida Ley, a efecto de la calificación y sanción del ilícito, demuestre objetivamente la existencia de actividad gravada, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), por ser ésta situación condicionante para el nacimiento de la obligación de inscripción.

En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo, denunció que la instancia de alzada vulneró su derecho al debido proceso reconocido en el numeral 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), puesto que confirmó la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria del SIN por contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, sin considerar que para clasificarla como contribuyente, debió determinar la existencia o no de adeudos impositivos, valorando antecedentes como sus compras y toda la documentación. Asimismo manifestó que la resolución de alzada no se pronunció sobre su solicitud de dejar sin efecto el Auto que la inscribió en el NIT; ni sobre el hecho de que su persona no tiene la condición de contribuyente del Régimen Simplificado, ya que no cumple con el mínimo requerido y la norma señala expresamente que no tiene la obligación de inscribirse en el NIT, porque no se dedica a una actividad comercial mayoritaria que signifique ingresos económicos superiores que la incluyan en dicho régimen, como tampoco cuenta con un establecimiento comercial, por lo que no se encuentra en el Régimen General, es decir no se consideró el principio de capacidad contributiva; por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

El Superintendente Tributario General, luego de revisados los antecedentes, resolvió REVOCAR totalmente la Resolución de Alzada, la que a su vez, confirmó la Resolución Sancionatoria de la Administración Tributara (SIN).

“(…) de la verificación y compulsa del expediente se evidencia que la Administración Tributaria, tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria, fundamentan la no inscripción en el NIT en argumentos no legales, sin demostrar objetivamente, como es su obligación, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ni probar los hechos constitutivos de su pretensión, al no haber demostrado que la recurrente infringió el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), es decir la omisión de la inscripción en los registros tributarios y si se benefició o dispensó indebidamente en perjuicio de la Administración Tributaria toda vez que la Administración Tributaria, por un lado, no demostró la calidad de comisionista de la recurrente, dado que de la compulsa de la certificación emitida por AVON BOLIVIA LTDA, resulta que corresponde a la modalidad de compra-venta y no establece que actuará como comisionista; asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa AVON BOLIVIA LTDA consistente en compras informadas por la recurrente, esta información únicamente constituye un indicio, y que de acuerdo a la facultad que le otorga el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), previamente debe establecer si dichas compras originaron actividad gravada para ser sujeto pasivo de los impuestos establecidos en la Ley 843, es decir comprobar que dichas compras fueron objeto de reventa para pertenecer al Régimen General, o considerar conforme establecen los arts. 1, 2 y 3 del DS 24484, norma vigente en la gestión fiscalizada, si la recurrente se encuentra obligada a tributar en el Régimen Simplificado de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 3 del citado decreto.

Es así que de la verificación y compulsa del expediente se evidencia que ERT, adquirió productos de la empresa AVON BOLIVIA LTDA, por un monto anual de Bs20.649; este importe refleja el nivel de ventas pero no constituye el capital, debido a que es la sumatoria de las compras en la gestión 2004, cuyo promedio de compras mensual alcanza a Bs1.086.- que llegaría a constituir el capital circulante de la recurrente para volver a adquirir los productos; asimismo, por el monto de las compras que si bien constituyen sus ventas, el importe de Bs20.649.- no supera el límite establecido para pertenecer al Régimen Simplificado y respecto a los precios unitarios de los productos, no superan los Bs300.-. Estos hechos objetivos son inexistentes en el expediente, y no fueron debidamente analizados por la Administración Tributaria, para inscribir de oficio a la contribuyente en los registros tributarios, menos en el Régimen General, por lo que no probó los hechos constitutivos para aplicar la sanción por “Omisión de inscripción en los Registros Tributarios” dispuesta por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB).

En este sentido, el acto administrativo de la Administración Tributaria, que goza de la presunción de legitimidad, debe estar basado en el principio de legalidad; por tanto no puede representar o ser consecuencia de la actuación omnímoda de la Administración Tributaria, por lo que en el presente caso, al no tener sustento la Resolución Sancionatoria 202/2006, de 20 de noviembre de 2006, se hace evidente que la Administración Tributaria provocó la vulneración del debido proceso (art. 68-6 de la Ley 2492) y de la seguridad jurídica, ya que estas situaciones se configuran cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder ” .(FTJ IV.3. vii. viii. y x.).

-Art. 76 de la Ley 2492 (CTB)
-Art. 163 de la Ley 2492 (CTB)
-Art. 100 de la Ley 2492 (CTB) - Seguridad Jurídica

El precedente tributario contenido en la STG/RJ/0308/2007 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):