Corresponde la anulabilidad de obrados prevista en el Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando se evidencia que la Administración Aduanera, en inobservancia de lo previsto en los Artículos 96, Parágrafo II de la precitada Ley y 66, Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), emite un Acta de Intervención careciendo de los fundamentos de hecho y de derecho que motiven la calificación de la conducta sancionatoria de los procesados, vulnerando así el principio del debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB).

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria (AN) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que esa instancia solo se limitó a emitir pronunciamiento en sus fundamentos Técnicos-Jurídicos sobre aspectos relevantes en el Acta de Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y antecedentes administrativos emitidos por la Administración Aduanera, que son resultado de la evaluación documental de la DUI, donde se observó incumplimientos por parte de los Sujetos Pasivos; y sin embargo se anuló obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Proceso de Contrabando Contravencional; sin considerar que, el Artículo 33, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el Procedimiento GNNGC-07-05-01, de Regularización de Vehículos en Aplicación del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional y el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F-023/04, de 12 de febrero de 2004, que en su Numeral 2, Incisos a) y b) establecen que el responsable del registro previo es el concesionario de Zona Franca. Aclara que el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F-038/04, de 27 de febrero de 2004, en el Numeral 2, Inciso b) determina que los vehículos sin registro previo hasta Hrs. 24:00, del 29 de febrero de 2004, debían ser decomisados y retenidos en el recinto; en ese sentido, hace referencia a las observaciones realizadas en el Informe y lo resuelto por la Resolución Administrativa, por lo que procedió a la anulación de 55 Declaraciones Únicas de Importación (DUI) con tramite de regularización concluido y los que se encontraban en las distintas etapas del circuito de regularización correspondientes a 95 casos observados con DUI validadas; motivo por el que calificó la conducta de los autores como contravención aduanera de contrabando conforme el Artículo 181, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB), por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez anuló obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional emitida por la Administración Tributaria (AN).

“En ese sentido, se advierte que la Administración Aduanera en el Acta de Intervención Contravencional, Título: ‘II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS’, se limitó a citar normativa y los antecedentes del proceso; asimismo indicó: ‘En base al Informe UTIPC 40/04 de fecha 26 de mayo de 2004, el Fax AN GNNGC DNPNC N° 23/04 de 12 de febrero de 2004 y el Fax AN GNNGC DNPNC F N° 38/04 de 27 de febrero de 2004, la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros UTISA estableció la existencia de irregularidades cometidas en el Registro Previo de automóviles en Zona Franca Santa Cruz – GIT Santa Cruz, en el marco de Programa de Regularización aprobado mediante DS N° 27149 de 02/09/03, a través de las modificaciones de listas de pre – registro de vehículos se estaría otorgando este beneficio en forma irregular a vehículos no pre registrados dentro del plazo’ (…), situación por la cual el en el Subtítulo: ‘VI. CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL’, calificó la conducta de los autores como contravención aduanera en contrabando de conformidad con el Artículo 181, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB).

Cabe aclarar que dentro de la sustanciación del proceso sancionatorio por contravención aduanera en contrabando, los actos administrativos que se notifican a las partes (en Secretaría) y causan estado dentro del proceso son el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, conforme determinan los Artículos 90, Segundo Párrafo; 96, Parágrafo II; 98, Segundo Párrafo; y 99, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB). En ese sentido, del análisis del Acta de Intervención Contravencional se advierte que la Administración Aduanera se remite al contenido del Informe N° UTIPC 40/04, de 26 de mayo de 2004, que si bien cursa en antecedentes administrativos (…), no fue notificado a las partes para que conozcan su contenido, toda vez que se constituye en una actuación interna de la Aduana Nacional (AN); es decir, que si el Sujeto Activo pretendía iniciar el proceso por contravención aduanera en contrabando en función al contenido del referido Informe, debió consignar en los fundamentos de hecho y derecho su contenido, y no limitarse a citarlo, manifestando la ‘existencia de irregularidades’; situación que no se constituye en un aspecto válido para calificar una conducta sancionatoria en contra de los Sujetos Pasivos, toda vez que tenía que identificar con precisión las supuestas irregularidades en el Registro Previo de Automóviles en Zona Franca Santa Cruz – GIT Santa Cruz, que motivan su posición.

De la misma forma se advierte que citó el Fax AN-GNNGC-DNPNC-023/04, de 12 de febrero de 2004 y el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F-38/04, de 27 febrero de 2004, sin embargo, no explicó de qué manera aplicó dichas instrucciones procedimentales a efecto de identificar las irregularidades que refiere, situación que denota la ausencia de fundamentación del Acta de Intervención Contravencional en cuestión; toda vez que la cita de normativas e instrucciones no implica que el acto se encuentre fundamentado, pues el Sujeto Activo debe explicar su aplicación respecto a los antecedentes del caso.

De lo anterior, se observa que la Administración Aduanera no cumplió con las previsiones dispuestas en el Artículo 96, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB) que determina: ‘En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo’; asimismo, el Artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), indica que el Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: ‘a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías; h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes’. En ese contexto, legal las omisiones en que incurrió la Administración Aduanera vulneraron el principio del Debido Proceso y el derecho a la Defensa de los administrados, debido a la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho que motiven la calificación de la conducta como contravención aduanera de contrabando.”

(…)

“Por todo lo expuesto, se establece que la Administración Aduanera vulneró los derechos y principios constitucionales referidos al Debido Proceso, establecidos por los Artículos 115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CTB); y 68, Numerales 6 y 7 del Código Tributario Boliviano (CTB); por lo que en virtud del Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 del citado Código, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0797/2017, de 8 de diciembre de 2017; en consecuencia, anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0055/2016, de 28 de noviembre de 2016, debiendo la Administración Aduanera cumplir con las previsiones de los Artículos 96, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB) y 66, Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), conteniendo antecedentes de hecho y de derecho que motiven la calificación de la conducta sancionatoria de los procesados.” (FTJ IV.3.2. viii. ix. x. xi. y xiii.)

-Arts. 115 Par. II y 117 Par. I de la Constitución Política del Estado (CPE)
-Arts. 68 Num. 6 y 7, 74 Num. 1 y 96 Par. II de la Ley N° 2492 (CTB)
-Art. 36 Par. I y II de la Ley N° 2341 (LPA)
-Art. 66 Inc. c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0371/2018 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):