De conformidad con lo previsto en el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Subnumeral 2.1 de la Resolución de Directorio N° 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y el Artículo 2, Numeral 4 del Decreto Supremo N° 29732 de 8 de octubre de 2008, se tiene que en la tramitación de los Despachos Aduaneros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Despachante Oficial de la Aduana Nacional (AN) se constituye en el “Declarante” de las Declaraciones Únicas de Importación tramitadas bajo la modalidad de despacho anticipado; por lo tanto, el Despachante Oficial de la Aduana Nacional es quien tiene la obligación de regularizar las declaraciones pendientes dentro los plazos previstos; en ese contexto, corresponde la anulabilidad de obrados prevista en el Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando se evidencia que la Administración Aduanera atribuye la comisión de la contravención por “Incumplimiento de regularización de la Declaración de Mercancías en Despacho Anticipado” a YPFB que se constituye en el importador o consignatario, sin efectuar una relación concreta de los hechos, ni la exposición de las razones jurídicas que la justifiquen, afectando a la fundamentación del acto administrativo conforme determina el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA).

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria (AN) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que el Artículo 52 de la Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA), con la modificación dispuesta por la Disposición Final Quinta del Código Tributario Boliviano (CTB) en los casos de importaciones efectuados por el sector público, designó como Despachante Aduanero Oficial al Ministerio de Hacienda; en ese marco legal se entiende que el Numeral 11, Inciso i) de la Resolución de Directorio N° 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, estableció la excepción de responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana Oficial, en razón de tratarse de un funcionario público; de modo que no es pasible de sanciones que tuvieran origen en observaciones por contravención aduanera u Omisión de Pago; motivo por el cual consideró la exención de responsabilidad únicamente al Despachante de Aduana Oficial y no a la entidad pública importadora; situación reconocida en la Sentencia N° 189/2014, de 15 de septiembre de 2014, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que si bien no constituye fuente del derecho tributario contiene criterio uniforme sobre un caso análogo al presente debiendo considerarse como una línea jurisprudencial; y sin embargo esa instancia anuló obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Procedimiento de Sumario Contravencional; sin considerar que, el Decreto Supremo N° 29732, de 8 de octubre de 2008 establece que el plazo para la regularización del despacho anticipado será de ciento ochenta (180) días cumpliendo los requisitos del Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) debiendo presentarse las declaraciones de mercancías y el pago de tributos aduaneros que correspondan; en función a los cuales el Despachante Oficial de la Aduana o Despachante contratado por Y.P.F.B. regulariza la Declaración de Importación; expone que si bien es cierto que la Resolución de Directorio N° 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, sanciona al Declarante con 200 UFV; sin embargo al ser el Declarante funcionario público al amparo de la Sentencia N° 224/2014, de 15 de septiembre de 2014, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra eximido de responsabilidades; hace notar que dicha situación únicamente favorece al Despachante Oficial y no beneficia a la entidad pública importadora, por lo que solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez anuló obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional emitida por la Administración Tributaria (AN).

“Al respecto y de la lectura del mencionado Auto Inicial de Sumario Contravencional (…), se advierte que en su Primer Considerando refirió a la información obtenida del Sistema SIDUNEA++ al Informe Técnico emitido por la Administración Aduanera que señalan que el despacho inmediato correspondiente a la DUI C-984 fue regularizado fuera del plazo establecido; en su Segundo Considerando citó como base legal los Artículos 160, Numeral 5; 168, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB); 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA); 21, Inciso a) del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB); y 2, Numeral 4 del Decreto Supremo N° 29732; así como del Anexo 1, Numeral 2 del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado por Resolución de Directorio N° 01-012-07, de 4 de octubre de 2007; y finalmente instruyó el inicio del sumario contravencional contra Y.P.F.B. por: ‘Incumplimiento en la Regularización de la Declaración (…) registrada bajo la modalidad de despacho anticipado’, conforme al Artículo 186, Inciso h) de la Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA) y el Numeral 2 del Anexo 1 de la Resolución de Directorio N° 01-012-07 que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones.

En ese sentido, corresponde considerar que la citada Resolución de Directorio N° 01-012-07, en el Numeral 2 del Anexo 1, establece como sujeto de la contravención de ‘Incumplimiento de regularización de la Declaración de Mercancías en Despacho Anticipado’ al Declarante; en ese sentido, se tiene que el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior Definiciones Aplicables, del Anexo a la Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA) define como Declarante: ‘Toda persona que a su nombre o en representación de otra presenta una declaración de mercancías’. Asimismo, el Procedimiento de Importación a Consumo aprobado por Resolución de Directorio N° 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, indica en el Acápite V., Literal A. Numeral 2, Subnumeral 2.1.: ‘Declarantes. Para efectos de la aplicación del presente procedimiento, se entenderá por Declarante: (…) Al Despachante Oficial de la Aduana Nacional: Autorizado para tramitar los despachos aduaneros de importación para instituciones del sector público’; y el Artículo 2, Numeral 4 del Decreto Supremo N° 29732 señala: ‘El plazo para la regularización del despacho anticipado será de ciento ochenta (180) días cumpliendo con la presentación de la documentación original correspondiente. Con base a lo cual el despachante oficial de la Aduana o despachante de aduana contratado por YPFB regularizará la Declaración de Importación’ (…).

En ese contexto, en el presente caso se tiene que en la tramitación de los Despachos Aduaneros para Y.P.F.B., el Despachante Oficial de la Aduana Nacional (AN) se constituye en el ‘Declarante’ de las Declaraciones Únicas de Importación tramitadas bajo la modalidad de despacho anticipado; por lo tanto tenía la obligación de regularizar las Declaraciones pendientes dentro de los plazos previstos.

De lo anterior se advierte que la Administración Aduanera a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional atribuyó la comisión de la mencionada contravención aduanera a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B., que se constituye en el importador o consignatario, sin efectuar una relación concreta de los hechos, ni la exposición de las razones jurídicas que la justifiquen; situación que afecta a la fundamentación de dichos actos administrativos conforme determina el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA); máxime cuando el Sujeto Activo tenía la obligación de evaluar los aspectos técnico-legales ocurridos en el presente caso a efecto de sustentar los cargos contra el operador; lo que denota la ausencia de motivación conforme determina el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).

De modo que se evidencia el incumplimiento del Artículo 168 del Código Tributario Boliviano (CTB) por parte de la Administración Aduanera al emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional; toda vez que no efectuó una relación de causalidad entre los hechos y la normativa aduanera aplicable al presente caso para establecer la comisión de la contravención aduanera por ‘Incumplimiento de regularización de la Declaración de Mercancías en despacho anticipado’, contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B.; ocasionando que el referido acto administrativo no contenga los requisitos formales para alcanzar su finalidad; además de causar indefensión al Sujeto Pasivo al no contener los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la posición de la Administración Aduanera; por lo que se establece que las omisiones en las que incurrió la Aduana vulneraron el principio del Debido Proceso y el derecho a la Defensa del citado operador.

En el mismo entendido, la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-TAMOF-RS N° 153/2017, también está viciada puesto que Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GROGR-TAMOF-AISC N° 2437/2017, no contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten los cargos que la Administración Aduanera pretende atribuir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B.; en consecuencia, carece de fundamentación, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA).”

(…)

“Por todo lo expuesto, se establece que la Administración Aduanera vulneró el principio del Debido Proceso y el derecho a la Defensa consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); y 68, Numeral 6 del Código Tributario Boliviano (CTB); por lo que de conformidad con el Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 del citado Código, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada (...); en consecuencia, anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-GROGR-TAMOF-AISC N° 2437/2017, de 21 de noviembre de 2017; inclusive, debiendo la Administración Aduanera, si corresponde, emitir un nuevo acto cumpliendo con las previsiones de los Artículos 168 del referido Código y 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), considerando la normativa aduanera aplicable al caso, conteniendo fundamentos de hecho y de derecho del cargo formulado contra el Sujeto Pasivo.” (FTJ IV.3.2. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. y xix.)

-Arts. 115 Par. II y 117 Par. I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE)
-Arts. 74 Num. 1 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts. 28 Inc. e) y 36 Par. I y II de la Ley N° 2341 (LPA)
-Art. 2 Num. 4 del Decreto Supremo N° 29732
-Acápite V, Literal A, Num. 2, Subnumeral 2.1 de la Resolución de Directorio N° 01-031-05

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1528/2018 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):