Toda vez que mediante Ley N° 812, que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años para determinar la deuda tributaria – entre otros – y siendo que la Ley N° 291 estableció un término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias, se tiene que en aquellos casos en que el ente fiscal haya notificado la Resolución Determinativa dentro del término de ocho (8) años previsto por la Ley N° 812 y haya efectuado el cómputo conforme lo previsto en el Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), la facultad de determinación de la deuda tributaria no se encuentra prescrita.

En un recurso jerárquico, el Sujeto Pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que, si bien es cierto que la Administración Tributaria le notificó con la Vista de Cargo, de ninguna manera puede significar que la prescripción haya dejado de operar, toda vez que para las supuestas obligaciones tributarias atribuidas para los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2011, la prescripción operó el 31 de diciembre de 2015, es decir, casi un año antes que la Administración Tributaria le notifique con la Vista de Cargo referida; y sin embargo esa instancia confirmó la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (SIN) dentro de un procedimiento de verificación; sin considerar que, conforme al marco normativo vigente en ese momento, el único acto que podía haber interrumpido la prescripción hubiese sido la notificación de una Resolución Determinativa antes de que el plazo determinado para la prescripción hubiese operado, hecho que no sucedió puesto que la notificación con la Resolución Determinativa fue realizada el 26 de enero de 2017, es decir, cuando el plazo de la prescripción fue superabundantemente vencido, por lo cual no corresponde que la Administración Tributaria pretenda efectuar el cobro de las obligaciones tributarias, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN).

“En ese entendido, el Artículo 59 del Código Tributario Boliviano (CTB) modificado mediante Leyes Nos. 291 y 317, establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la Deuda Tributaria; e 3) Imponer sanciones administrativas. Por su parte, el Artículo 60 del Código Tributario Boliviano (CTB) prevé: ‘Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo’.

Así también, se tiene que la Ley N° 812 entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, modificando el Artículo 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), estableciendo: ‘Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar, verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la Deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas (…)’ (…).

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley N° 291 estableció un término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la Deuda Tributaria e imposición de sanciones tributarias.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 20 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a René Silvestre Muñoz Jordán, representante de PRAXAIR BOLIVIA SRL., con la Orden de Verificación N° 0014OVI06736, de 21 de enero de 2015, con alcance a los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el Contribuyente, en los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, comunicándole a través del Detalle de Diferencias (Form-7531), las facturas observadas; asimismo, solicitó documentación (…).

Posteriormente, el 28 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó Personalmente a René Silvestre Muñoz Jordán representante de PRAXAIR BOLIVIA SRL., con la Vista de Cargo N° 79-29-000278-16, de 18 de octubre de 2016, estableciendo una Deuda Tributaria de 22.596 UFV, equivalente a Bs48.744.-, por concepto de Tributo Omitido, Intereses, Sanción preliminar por la conducta calificada como Omisión de Pago, así como la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales; al efecto el 25 de noviembre de 2016 PRAXAIR BOLIVIA SRL. presentó descargos a la Vista de Cargo solicitando la prescripción (…).

Finalmente, el 26 de enero de 2017, la Administración Tributaria notificó Personalmente a René Silvestre Muñoz Jordán representante de PRAXAIR BOLIVIA SRL. con la Resolución Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017, la cual establece que en el plazo previsto, la Administración Tributaria ejercitó sus facultades de Determinación de la Deuda Tributaria por consiguiente estableció que dichas facultades no se encuentran prescritas; resolviendo determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del Contribuyente, por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, que ascienden a 22.465 UFV equivalente a Bs48.908.- importe que corresponde al Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales (…).

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de la Deuda Tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que la Resolución Determinativa N° 171779000006, fue notificada el 26 de enero de 2017, bajo la Ley N° 812, norma vigente (que dispone un término de prescripción de 8 años), de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), el término de la prescripción para los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2011 se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019 y para el periodo fiscal diciembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020, consecuentemente, la facultad de determinación de la Deuda Tributaria de la Administración Tributaria aún no se encuentra prescrita.” (FTJ IV.4.1. viii. ix. x. xi. xii. xiii. y xiv.)

-Arts. 59 y 60 Par. I de la Ley N° 2492 (CTB)
-Ley N° 291
-Ley N° 812

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0195/2018 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):