Toda vez que mediante Ley N° 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016 se modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años para determinar la deuda tributaria – entre otros – y siendo que la Ley N° 291 estableció un término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias, se tiene que en aquellos casos en que el ente fiscal haya notificado la Resolución Determinativa dentro del término de ocho (8) años previsto por la Ley N° 812, el cómputo de la prescripción fue interrumpido de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB).

En un recurso jerárquico, el Sujeto Pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que la aplicación de la normativa efectuada por la ARIT es equivocada, puesto que respecto a la prescripción el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las normas se aplican de manera retroactiva, sólo en los casos en que se fijen plazos de prescripción más breves, lo cual se refuerza con el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), en cuanto a la favorabilidad en la aplicación de normas, que la ARIT no aplicó; cuando debió utilizar el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece el término de cuatro (4) años para que opere la prescripción, disposición vigente cuando se produjo el hecho generador; y sin embargo esa confirmó la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (SIN) dentro de una solicitud de prescripción realizada por el Sujeto Pasivo; sin considerar que, la Ley N° 291 entró en vigencia el 22 de septiembre de 2012, siendo aplicable desde esa fecha, al igual que la ley N° 317, pero no así para períodos anteriores a su vigencia, debiendo aplicarse la norma más beneficiosa al ejercicio de su derecho, y que más allá de lo formal y de lo sustantivo del proceso, prescribió la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda en la gestión 2012; cita el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio de 2013; según el cual, la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos, y que al ser un Principio general consagrado en el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), la Administración Tributaria debe ejercer sus facultades en un determinado tiempo, para que los Sujetos Pasivos no se encuentren atados a una eterna prescripción que vulnere su seguridad jurídica; añade que, según el Artículo 3 de la Ley N° 154, está establecido que son las acciones de la Administración Tributaria las que prescriben, no así los tributos, lo cual concuerda con el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (SIN).

“En ese entendido, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado mediante Leyes Nos. 291 y 317, establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2) Determinar la deuda tributaria. 3) Imponer sanciones administrativas.

Por su parte, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) prevé que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Así también, mediante Ley N° 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo: ‘Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar, verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas (…)’ (…).

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley N° 291 estableció un término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la Deuda Tributaria e imposición de sanciones tributarias.

En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 31 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente a Fausto José Canaza Churata, con la Resolución Determinativa 17-0951-16, de 28 de diciembre de 2016, mediante la cual determinó de oficio sobre base cierta, en aplicación del Procedimiento de Determinación especial de la Deuda Tributaria dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB); y, el Parágrafo I del Artículo 34 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), las obligaciones impositivas del Sujeto Pasivo en la suma de 3.118 UFV, por concepto de Tributo Omitido más accesorios de Ley, correspondientes al IVA del Período Fiscal junio de 2008 (…).

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultad de determinación de la Deuda Tributaria respecto al IVA del Período Fiscal junio de 2008, dentro del alcance establecido por la Ley N° 291; y toda vez que la Resolución Determinativa 17-0951-16 fue notificada el 31 de diciembre de 2016, bajo la Ley N° 812 norma vigente -que dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I del Artículo 154 de la mencionada Ley, el término de prescripción para el referido período se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; fecha en la cual la Administración Tributaria notificó con la determinación, lo cual según lo establecido en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se constituye en interrupción al cómputo del término de la prescripción, volviendo a iniciarse éste nuevamente; consecuentemente, la facultad de determinar la Deuda Tributaria de la Administración Tributaria aún no habría prescrito.” (FTJ IV.4.1. viii. ix. x. xi. xii. y xiii.)

-Arts. 59, 60 Par. I, 61 Inc. a) y 154 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Ley N° 291
-Ley N° 812

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0799/2017 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):