Existe vulneración del Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE); así como de los derechos reconocidos en el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando se evidencia que el Acta de Intervención emitida por la Administración Aduanera carece de fundamento y motivación, incumpliendo con los incisos b) y e), Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); correspondiendo en consecuencia disponer la anulabilidad de obrados conforme lo previsto en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341(LPA).

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria (AN) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que de acuerdo al procedimiento establecido para la fiscalización aduanera posterior, el declarante presentó pruebas de descargo respecto a las tres Actas de Intervención, procediéndose a su evaluación y compulsa en aplicación del derecho a la legítima defensa que tiene el Sujeto Pasivo, por lo que, los argumentos expuestos por el mismo no son suficientes para levantar las observaciones realizadas; y sin embargo esa instancia anuló la Resolución Sancionatoria de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Proceso de Sumario Contravencional por Contrabando; por lo que solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez anuló la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria (AN).

“En ese sentido, y de la revisión del Acta de Intervención AN-GNFGC-C-041/2013, de 10 de septiembre de 2013, se tiene que la misma señala que el Banco Nacional de Bolivia con Carta OP/182/2012, de 7 de diciembre de 2012, remitió documentación de siete transferencias bancarias al exterior efectuadas por la operadora en la gestión 2009, que corresponden a pagos realizados a las empresas GPC MEDICAL LTD. de la India por $us 35.571,83 y COVISIÓN MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED de Inglaterra por $us 17.140,00, los que indican en la descripción de la remesa: ‘Importación de Material Médico’, por lo que procedieron a cotejar las 7 transferencias con la información de la base de datos de la Aduana Nacional, observando que no se relacionan con las DUI correspondientes a las gestiones 2009 y 2010, de manera que solicitaron a la operadora el detalle de los conceptos, facturas y las DUI correspondientes a dichos pagos (…).

Por lo mencionado, señala que la operadora no presentó documentación que respalde el ingreso legal a Bolivia y/o el destino de las mercancías compradas con siete transferencias, estableciendo la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando de acuerdo al Numeral 4, Artículo 160 y Artículo 181, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB). Al respecto, cabe precisar que el mencionado Artículo 181, señala que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descrita a continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

En ese contexto, se tiene que la Administración Aduanera evidenció que la operadora efectuó 7 transferencias bancarias al exterior, para la importación de material médico; sin embargo, no demostró de forma fehacientemente la introducción de dicho material médico a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, es decir, que la misma no se base en hechos demostrados sino en presunciones, consecuentemente, no justifica, ni demuestra las razones de hecho y de derecho por las cuales arribó a dicha decisión, careciendo de los elementos que permitan sostener que la operadora es autora del ilícito que se le atribuye, por lo que la mencionada Acta de Intervención carece de fundamento y motivación, incumpliendo con los Incisos b) y e), Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, al no contar dicho Acto Administrativo con la debida fundamentación, vulnera la garantía del debido proceso, consagrado en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB).”

(…)

“Consiguientemente, por todo lo expuesto, se evidencia que la Administración Aduanera vulneró el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); así como los derechos reconocidos en el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley Nº 2492 (CTB), y conforme con lo que prevé el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar la Resolución de Alzada (...) que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional (...), inclusive, debiendo la Administración Aduanera, emitir un nuevo Acto Administrativo que cuente con el suficiente sustento, motivación y fundamentación o actué conforme corresponda; (...)” (FTJ IV.4.2. ix. x. y xi.)

-Art. 115 Par. II de la Constitución Política del Estado (CPE)
-Arts. 68 Num. 6 y 7 y 74 Num. 1 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts. 28 Incs. b) y e) y 36 Par. II de la Ley N° 2341 (LPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0003/2015 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):