Se vulnera el debido proceso cuando la Administración Tributaria emite un acto definitivo sin exponer los fundamentos y motivos que sustentan su decisión, conforme lo prevé el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), correspondiendo la anulabilidad de dicho acto administrativo toda vez que se impide al Sujeto Pasivo efectuar una defensa adecuada en Instancia Recursiva.

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria (AN) impugnó la Resolución del Recurso de Alzada señalando que no es correcta la decisión de esa Instancia favoreciendo al Sujeto Pasivo con la prescripción; por su parte, el Sujeto Pasivo en su impugnación manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada se emitió sin existir una adecuada, motivada y fundamentada respuesta a su solicitud de prescripción; y esa instancia resolvió revocar parcialmente el Proveído de la Administración Tributaria (AN) dentro de un Proceso de Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria (AN) añade que en antecedentes cursan las acciones realizadas para el cobro de la Deuda Tributaria, la emisión de la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, y en ese sentido, al haberse establecido la primacía de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), debió considerarse la imprescriptibilidad de la citada Deuda establecida en el Artículo 324 de la citada norma; por otro lado, el Sujeto Pasivo añade que, sin considerar que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 106/2011 de 2 de diciembre de 201, por la que, se pretende sancionarlo por la contravención de omisión de pago, podía ser ejecutada dentro de los dos años siguientes, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013, habiendo operado a la fecha la prescripción, no existiendo ninguna sanción pendiente, aún más cuando las mercancías se encuentran sujetas a un previo y especial pronunciamiento sobre la exención; por lo que la Administración Tributaria (AN) solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y el Sujeto Pasivo solicitó se revoque totalmente o anule la referida Resolución del Recurso de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada la que a su vez revocó parcialmente el Proveído emitido por la Administración Tributaria (AN).

“De la lectura del Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 350-2015, de 8 de septiembre de 2015 (…), se observa que luego de transcribir el Artículo 62 de la Ley N° 2492, señala que: (…) en tal sentido y de la revisión de los antecedentes se evidencia que ambos sujetos pasivos ejercieron su derecho a la defensa con la interposición de distintas acciones cursante en obrados interrumpiendo el curso de la prescripción suscitada. En ese sentido se rechaza la solicitud planteada, debiendo la Supervisoría de Ejecución Tributaria (SET) de la Gerencia Regional La Paz, dar continuidad con el cobro coactivo en los plazos formas que la ley establece hasta logar el pago del Adeudo Tributario’.

Asimismo, ante la impugnación del mencionado Proveído, con la interposición del Recurso de Alzada del Sujeto Pasivo, se advierte que la Administración Aduanera presentó memorial respondiendo negativamente al Recurso (…), exponiendo como argumentos sobre la prescripción solicitada y rechazada mediante el Proveído impugnado, primero una relación de los hechos y acciones seguidas por el Sujeto Pasivo una vez que fue notificado con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 106/2011, para que, en base a ello señalar que la facultad de ejecución tributaria no ha prescrito, en consideración a lo establecido por los Artículos 59, Parágrafo III; 60, Parágrafo III y; 62, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB). En su Recurso Jerárquico la Administración Aduanera también hace referencia al Artículo 59, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) (…).

De lo anterior se observa que lo expresado por la Administración Aduanera en Instancia Recursiva, se contrapone con lo expuesto en el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 350-2015, de 8 de septiembre de 2015, puesto que en dicho acto administrativo se limita a transcribir el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), para referir sintéticamente que los Sujetos Pasivos habrían interpuesto distintas acciones que cursarían en obrados, razón por la cual dispuso rechazar la solicitud de prescripción, en tanto que en Instancia Recursiva arguye que corresponde aplicar los Artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

Del citado Proveído se observa que sólo hace referencia a que los Sujetos Pasivos habrían interpuesto distintas acciones que cursarían en obrados, las que habrían interrumpido el curso de la prescripción, sin detallar si, esas acciones fueron en el ámbito administrativo o judicial o de qué índole, no refirió, a efectos del cómputo de la prescripción, la fecha en la que se hubieran planteado o interpuesto esas acciones, solamente se refiere a la solicitud de prescripción de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, cuando el Sujeto Pasivo planteo además en su memorial de 18 de agosto de 2015, la prescripción de la ejecución de la sanción por omisión de pago, para finalmente incurrir en contradicción con el único fundamento legal expuesto en el referido Proveído, al señalar que las referidas acciones habrían “interrumpido” el curso de la prescripción, cuando la norma consignada en el citado acto, se refiere a la “suspensión” del curso de la prescripción.

En ese contexto, resulta evidente que lo expuesto en el mencionado Proveído, no constituye fundamentación alguna que observe la garantía del debido proceso en su elemento referido a la fundamentación y motivación, al no cumplir con uno de los requisitos previstos en el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), pues es evidente que éste acto administrativo definitivo, emitido por la Administración Aduanera no explica los motivos que sustentan su decisión, siendo recién en Instancia Recursiva que se pretende explicar por qué considera que sus facultades de ejecución de la sanción se encuentran vigentes, utilizando al efecto, normativa distinta a la expuesta en los fundamentos de su acto administrativo, y aún más, con la exposición detallada de los hechos que considera hubieran tenido un efecto suspensivo que de curso a la prescripción; aspecto que impidió al Sujeto Pasivo efectuar una defensa adecuada en Instancia Recursiva, y a esta instancia, la emisión de un pronunciamiento respecto de argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, contrarios a los que formaron parte del Acto administrativo impugnado.

Al respecto, cabe señalar que la Sentencia Constitucional N° 0143/2012, de 14 de mayo de 2012, claramente establece: ‘Cualquier autoridad administrativa que emita una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar una minuciosa fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, lo contrario significa que cuando ésta autoridad disciplinaria omite realizar una correcta motivación, elimina la parte estructural de la resolución, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo’; por tanto, queda en evidencia que la respuesta emitida por la Administración Aduanera a la solicitud de prescripción, en el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 350-2015, de 8 de septiembre de 2015, se encuentra viciada de nulidad, ante la carente fundamentación y motivación; aspecto que impide a ésta Instancia Jerárquica pronunciarse sobre los argumentos expresados en el Recurso Jerárquico, que no forman parte del acto impugnado, debiendo dicho vicio ser subsanado previamente.

Por lo expuesto, siendo que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, en sujeción de los Artículos 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en sujeción del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), al ser evidente que la ausencia de fundamentos y debida motivación en el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 350-2015, de 8 de septiembre de 2015, hacen que dicho acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, lesionando el debido proceso; corresponde a esta Instancia Jerárquica anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1049/2015, de 29 de diciembre de 2015, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV N° 350-2015, de 8 de septiembre de 2015 inclusive, a fin de que la Administración Aduanera, emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y explique los motivos de su decisión; en cumplimiento de los Artículos 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA) y 31 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicables al caso en mérito del citado Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), esto con el objeto de evitar nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB).” (FTJ IV.4.1. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. y xiii.)

-Art. 115 Par. II de la Constitución Política del Estado (CPE)
-Art. 74 Num. 1 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts. 28 Incs. b) y e) y 36 Par. I y II de la Ley N° 2341 (LPA)
-Art. 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0269/2016 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):