La Administración Tributaria luego de emitir su Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y de conformidad con lo establecido en los Artículos. 59-4) y 60-II de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, tiene cuatro (4) años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, iniciándose el cómputo desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que el fallo es ultra petita e incumple el art. 211-III de la Ley 3092, añade que no considero los Principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía Normativa establecidos en el art. 140 de la CPE, y revocó totalmente el Auto Administrativo emitido por la Administración Tributaria (GAMLP) dentro de la Solicitud de Prescripción, sin considerar que el contribuyente solicito prescripión específicamente de la determinación de adeudo tributario y no la prescripción en etapa de ejecución, actuaciones que deben ser analizadas de forma particular, agrega que el IPBI de las citadas gestiones en la etapa de ejecución no ha prescrito puesto que se realizaron actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción y encontrándose el proceso en dicha fase debe darse cumplimiento a los Arts. 304, 305, 306, 307 y 308 de la Ley 1340 (CTb), por lo que solicito se revoque la Resolución de Alzada.

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió REVOCAR la Resolución de Alzada la que a su vez revocó el Auto Administrativo emitido por la Administración Tributaria (GAMLP)

“En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 2010”.

“Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se establece la existencia de la suscripción de Plan de Pagos de 7 de febrero de 2006 por el IPBI de la gestión 2004, la misma se encuentra como causal de interrupción en el art. 61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido por una parte se tiene que como causal de interrupción, el cómputo de prescripción comienza nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente aquel en que se produjo la interrupción, y por otra que a la fecha de suscripción del plan de pagos se realizó una determinación de la deuda tributaria en la que participa tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, éste último reconociendo la obligación tributaria y comprometiéndose a cumplir con los pagos pactados en la misma (…)”.

“Continuando con la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se advierte que según la Certificación emitida por el Responsable de Plan de Pagos, la contribuyente efectúo el pago sólo de tres (3) cuotas de las diez y ocho (18) pactadas; siendo evidente que dicho plan no fue cumplido en su totalidad, por lo que éste se constituyó en un título de ejecución tributaria conforme el art. 108-8 de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido el cómputo de la prescripción no puede considerar el término para el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la Administración Tributaria Municipal, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria (…)”.

“En ese contexto el art. 59-4) de la Ley 2492 (CTB), establece un término de cuatro (4) años para que la Administración Tributaria ejerza la facultad de ejecución tributaria y el art. 60-II del citado cuerpo legal dispone que el cómputo se inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, no obstante en el presente caso hasta la fecha la Administración Tributaria no ha iniciado la ejecución tributaria, por lo que no es posible hacer el cómputo de dicho término; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte la existencia de la Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 9588/2009, de 30 de septiembre de 2009, referida a la fiscalización del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, notificada de acuerdo a la diligencia de notificación masiva a Bertha Zuazo Gallardo el 23 de diciembre de 2009 (...), evidenciándose que la contribuyente no hizo uso de los recursos que la Ley le faculta, por lo que dicho acto administrativo quedó ejecutoriado habiendo la Administración Tributaria Municipal emitido el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I.-U.C.C. 2204/2010, de 12 de octubre de 2010, notificado personalmente a la citada contribuyente el 14 de marzo de 2011 (...), por lo que el nuevo cómputo de la prescripción debe ser analizado desde la fase de ejecución tributaria”.

“En ese sentido en aplicación de los arts. 59-4) y 60-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria Municipal tiene cuatro (4) años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, iniciándose el cómputo desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. En el presente caso habiendo sido notificada la contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 14 de marzo de 2011, el cómputo se inicia el 15 de marzo de la gestión 2011 y la facultad para realizar la ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 de cuatro (4) años prescribirá el 14 de marzo de 2015, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de ejecución tributaria aún no ha prescrito, correspondiendo revocar en este punto a la Resolución de Alzada”. (FTJ IV.4.3. vi. vii. viii. ix. y x.)

-Arts. 59 Num 4, 60 Par. II y 61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0170/2012 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):