En aquellos casos en los que la Administración Aduanera deba realizar acciones dirigidas al cobro emergente de una DUI, cuya mercancía fue despachada sin el pago de tributos aduaneros, situación condicionada a una regularización posterior, no puede realizar sus actuaciones mediante una determinación de oficio que no se ajusta a lo señalado en los Artículo 48 y 49 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004, emitiendo directamente la Vista de Cargo, unificando procedimientos, para dictar posteriormente una Resolución Determinativa, acto por el cual se suplanta y desecha la declaración hecha por el contribuyente, en ese sentido, debe considerarse que las actuaciones dirigidas al cobro de la declaración impaga deben enmarcarse en lo dispuesto en el Cuarto Párrafo del Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas –modificado por el Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)-; y, 11 y 12 de la Ley Nº 1990 de la (LGA) de 28 de julio de 1999, las cuales permiten a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la DUI no pagada sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Asimismo, el procesamiento de los ilícitos tributarios, considerando que el mismo no se encuentra vinculado a una determinación de oficio efectuada en el marco de los Artículos 95 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, debe efectuarse en observancia al Artículo 168 de la misma Ley y –en este marco- la Resolución de Directorio N° 01-011-04.

En un recurso jerárquico el sujeto pasivo impugnó la Resolución de Alzada manifiestando que en materia aduanera las facultades de control sólo se pueden realizar en tres fases: el control anterior al despacho, durante el despacho u otra operación aduanera, y control diferido; en ese contexto, aclara que no se realizó ninguno de los referidos controles en forma oportuna; sin embargo, esa instancia confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (AN) dentro de un Procedimiento de Regularización de Despacho Inmediato, sin considerar que la facultad de determinación sólo puede ser ejercida a través de una fiscalización posterior conforme establece el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por lo que hace referencia al Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) y las Resoluciones de Directorio Nos. RD 01-004-09, de 12 de abril de 2009, RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005 y RD 01-10-04, de 22 de marzo de 2004, indicando que el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, de conformidad con el Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe iniciarse con una Orden de Fiscalización, por la que se garantice el derecho del operador fiscalizado a conocer el alcance, periodos y demás datos, en resguardo del debido proceso y su derecho a la defensa, agrega que la vulneración al debido proceso en la determinación de la obligación está amparada en los Artículos 4, 5, 8, 9 y 13 la Decisión Nº 574 – Régimen Andino sobre el Control Aduanero de la Comunidad Andina de Naciones, que establecen los momentos de cada uno de los controles aduaneros; en consecuencia, arguye que la Vista de Cargo no obedece a ninguna forma legal prevista relativa al proceso de determinación, por lo que solicitó se revoque totalmente la Resolución de Alzada.

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió ANULAR la Resolución de Alzada, la que a su vez confirmó la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (AN).

"(...) en aplicación de los Artículos 8 de la Ley Nº 1990 (LGA) y 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, se tiene que el hecho generador de la obligación tributaria se da en la importación de mercancías extranjeras y se perfecciona en el momento en que se produce la aceptación por parte de la Aduana de la Declaración de Mercancías; en tal entendido, en el caso que nos ocupa se evidencia que el 9 de noviembre de 2007 la ADA Meave & Cia por cuenta de su comitente Ibis Dinamarca Rep. Reg. Sud America, registró y validó la DUI C-15048, bajo la modalidad de Despacho Inmediato sin el pago de tributos aduaneros, teniendo el plazo improrrogable de sesenta días (60), establecido en el Artículo 131 Reglamento a la Ley General de Aduanas; no obstante, dicho plazo fue incumplido."

"Al respecto, se debe mencionar que de acuerdo al Inciso c) del Artículo 12 de la Ley N° 1990 (LGA), la determinación de la obligación tributaria aduanera puede ser efectuada mediante una liquidación por parte de la Administración Aduanera; asimismo, el Artículo 45 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), concordante con el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que una vez que se configuró la deuda tributaria aduanera, ésta se constituye por el tributo aduanero, interés y la multa, dando lugar al procedimiento previsto en el Párrafo cuarto del Artículo 10 Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 46 del citado Decreto Supremo, que a la letra dice: ´En caso de incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria´ y en su defecto iniciar la Ejecución Tributaria en aplicación del Numeral 6 del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB).

En atención de lo descrito y de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Aduanera emitió Vista de Cargo y la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 168/2011, de 29 de noviembre de 2011, estableciendo la deuda tributaria de 143.704,66 UFV, conminando a su pago al tercer día de ejecutoriada la referida Resolución e instruyendo su Ejecución Tributaria; al respecto, se pone de manifiesto que se estableció la deuda tributaria de forma global por el tributo no pagado conformado por los intereses, actualización, omisión de pago y multa por contravención aduanera.

De esta forma, se observa que habiéndose emitido una Vista de Cargo unificando procedimientos y la Resolución Determinativa, la Aduana Nacional inició una determinación de oficio, cuyo procedimiento debe enmarcase en las previsiones establecidas para el efecto. Conforme a norma, esta determinación surgirá de las facultades otorgadas a la Administración Aduanera por los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), traduciéndose –conforme indican los Artículos 48 y 49 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)- en un Control Durante Despacho, Control Diferido Inmediato o una Fiscalización Posterior, procedimientos que no son discrecionales ya que se encuentran normados por las Resoluciones de Directorio N° RD 01-031-05, N° RD 01-004-09 y N° RD 01-008-11, respectivamente; en el presente caso, la mercancía fue retirada del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, por lo que los actos procesales deberían realizarse dentro de una Fiscalización Posterior, la cual se inicia con la notificación de la orden de fiscalización; no obstante, debe considerarse que ese tipo de control, conforme dispone la RD N° 01-008-11, se efectúa con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad al despacho aduanero, siendo que en este caso el despacho aduanero está pendiente de regularización.

Consecuentemente, se hace notar que la Administración Aduanera realizó acciones dirigidas al cobro emergente de una DUI, cuya mercancía fue despachada sin el pago de tributos aduaneros, situación que estaba condicionada a la regularización con la presentación de la Resolución que otorga la exención del pago de tributos; sin embargo, realizó sus actuaciones mediante una determinación de oficio que no se ajusta a lo señalado en los Artículo 48 y 49 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), emitiendo directamente la Vista de Cargo, unificando procedimientos, para dictar posteriormente una Resolución Determinativa, acto por el cual se suplanta y desecha la declaración hecha por el contribuyente, la cual emerge de una ´autodeterminación´ efectuada por el mismo.

En ese sentido, debe considerarse que las actuaciones dirigidas al cobro de la declaración impaga –como efecto del rechazo a la solicitud de exención- deben enmarcarse en lo dispuesto en el Cuarto Párrafo del Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas –modificado por el Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)- y 11 y 12 de la Ley Nº 1990 de la (LGA), las cuales permiten a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la DUI no pagada sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Asimismo, el procesamiento de los ilícitos tributarios, considerando que el mismo no se encuentra vinculado a una determinación de oficio efectuada en el marco de los Artículos 95 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), debe efectuarse en observancia al Artículo 168 de la misma Ley y –en este marco- la Resolución de Directorio N° 01-011-04." (FTJ IV.4.2. xi. xii. xiii. xiv. xv. y xvi.)

-Arts.95 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB)
-Arts.48 y 49 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)
-Arts. 11 y 12 de la Ley Nº 1990 de la (LGA)
-Art. 10 del DS 25870 modificado por el Art. 46 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB)
-Numeral V, inciso B) de la RD N° 01-011-04 de 23 de marzo de 2004

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0701/2012 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):