Se vulnera el derecho del sujeto pasivo a que se resuelva de manera fundamentada su solicitud, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1, 2 y 7 del Art. 68 de la Ley Nº 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, cuando no se cumple con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA) en cuanto a la fundamentación del acto, motivo por el cual según lo dispuesto por el Artículo 36 de la misma norma, dicho acto administrativo es anulable toda vez que no contiene los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, el cual es resolver una solicitud expresa por parte del contribuyente y efectivizar el derecho a la petición.

En un recurso jerárquico, la Administración Tributaria impugnó la Resolución del Recurso de Alzada manifestando que la afirmación de Alzada en cuanto a la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa no es evidente; sin embargo, anuló la Resolución Administrativa emitida por la Administración Tributaria (SIN) dentro de la solicitud de Prescripción, sin considerar que el acto impugnado cuenta con todos lo requisitos exigidos por ley y que en la parte considerativa de dicho acto, se hace referencia al Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 21532 explicándose que la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto debe ser realizada dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible, siendo que el cómputo del término de la prescripción debe computarse a partir de la presentación de la declaración jurada o la fecha en que la Administración Tributaria haya tomado conocimiento formal del hecho generador. Añade que dicha normativa al estar contenida en el acto impugnado, ha sido de conocimiento del sujeto pasivo, en tal sentido no existe vulneración al debido proceso, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada, la que a su vez, anuló la Resolución Administrativa emitida por la Administración Tributaria (SIN).

“En el presente caso, se evidencia que el 8 de mayo de 2012, el sujeto pasivo mediante memorial, solicitó se declare la prescripción de los Impuestos a las Transacciones y Transmisión Gratuita de Bienes, en aplicación a los artículos 22, Numeral 2 del Artículo 38, numeral 5 del Artículo 41 y Artículos 53, 54 y 57 del Código Tributario de 2 de julio de 1970, el cual se encontraba vigente a la fecha de producido el hecho generador; sostiene, que no existe algún elemento que acredite que la Administración Tributaria de la época o la actual hayan interrumpido o suspendido dicho término, haciendo en consecuencia plenamente viable la petición; ante la solicitud de prescripción realizada, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº 23-000098-12, que en su parte considerativa se limita a citar el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 21532 (Reglamento del Impuesto a las Transacciones), y el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).

Al respecto, de la revisión y compulsa de la referida Resolución Administrativa Nº 23-000098-12 de la Administración Tributaria, se evidencia que en esta, no se efectúa una relación entre los hechos y las disposiciones legales citadas, que sirvieron de base o fundamento a la decisión arribada para rechazar la solicitud de prescripción. Tampoco realizó pronunciamiento o análisis del Testimonio Nº 325/1970 ‘Testamento Abierto Solemne’ de 6 de agosto de 1970, aportado como prueba de la solicitud realizada, documento por el cual se debe establecer el hecho generador y las obligaciones emergentes respecto a los impuestos vigentes a esa fecha; del mismo, hacer notar como se señaló precedentemente, que no es suficiente hacer referencia al Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 21532 respecto a la liquidación y pago del IT y el Artículo 324 de la CPE, sin establecer de manera fundada, si estos son aplicables al presente caso.

Por lo antes señalado se evidencia que se vulneró el derecho del sujeto pasivo a que se resuelva de manera fundamentada su solicitud de prescripción, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1, 2 y 7 del Art. 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo cual no se cumplió con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA) en cuanto a la fundamentación del acto, motivo por el cual según lo dispuesto por el Artículo 36 de la misma norma, dicho acto administrativo es anulable toda vez que no contiene los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, el cual es resolver una solicitud expresa por parte del contribuyente y efectivizar el derecho a la petición”. (FTJ IV.3. x. xi. y xii.)

-art. 68 numerales 1, 2 y 7 de la Ley Nº 2492 (CTB);
-art. 28 de la Ley Nº 2341 (LPA)

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-1162/2012 tiene como antecedentes la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):