Conforme establecen el numeral 3, parágrafo I, del Artículo 59 y Artículo 60 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), la facultad de imponer sanciones tributarias prescribirá a los cuatro (4) años, término que se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho configurador del ilícito tributario.

En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada por considerar que vulneró el numeral 3 del art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003 (que establece prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas), y confirmó la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria (SIN), dentro del procedimiento sancionador Iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional por el incumplimiento en la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, sin considerar que la contravención por el incumplimiento en la presentación de Estados Financieros prescribió antes de la emisión de la resolución Sancioantoria; razón por la que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

El Superintendente Tributario General, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada, la que a su vez, confirmó la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria (SIN).

“(…) el parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. Y el art. 60, de la misma Ley, señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

En este marco jurídico doctrinal, y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa Pozo & Asociados CPA SRL, incumplió el Deber Formal de presentar ante la Administración Tributaria sus Estados Financieros Auditados e informe adicional al dictamen del auditor sobre la situación tributaria correspondiente a la gestión 2003, cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2003, y su vencimiento en abril de 2004 siendo este plazo ampliado conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 05-0003-04, hasta el 31 de mayo de 2004; lo que significa que el cómputo para la prescripción empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2005 y tomando en cuenta que prescribe a los 4 años, aquélla se producía el 31 de diciembre de 2008.

Dentro de ese marco jurídico, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC N° 1378/2008, el 4 de diciembre de 2008, contra la empresa Pozo & Asociados CPA SRL, multándola con la suma de 5.000.- UFV y fue notificada con la referida Resolución el 24 de diciembre de 2008, es decir, antes del 31 de diciembre de 2008, fecha en que prescribía la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones, conforme lo establecido por el numeral 3, parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB); por lo que la prescripción solicitada por la empresa contribuyente es inviable en el presente caso, correspondiendo confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada.” (FTJ IV.4.2. iv. v. y vi.).

-numeral 3, parágrafo I, del art. 59 y art. 60 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003.

El precedente tributario contenido en la AGIT-RJ-0276/2009 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):