En aquellos casos en los que el sujeto pasivo no satisfaga la carga de la prueba conforme se prevé en los Artículos 76 y 77 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), es decir cuando tan sólo exponga sus argumentos sin demostrar los mismos, adjuntando prueba impertinente o bien adjunte prueba fuera de plazo, o cuando de alguna manera ésta no cumpla con los requisitos para que éste tipo de prueba sea aceptada, conforme dispone el Artículo 81 de la citada norma, obviamente, no existe vulneración al derecho a la defensa, en el que incurra la Administración Tributaria, ni la entidad que conoce del recurso contra el acto administrativo definitivo.

En un recurso jerárquico, el sujeto pasivo impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, por considerar que inobservó los arts. 68 incisos 6), 7) y 10), y 69 de la Ley 2492 (CTB) que consagran los derechos del debido proceso y de defensa, toda vez que confirmó la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria (ANB), dentro del procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, sin considerar que el acto impugnado, basó su decisión en el hecho de que no se habrían presentado pruebas, lo cual no es cierto, además que en ningún momento se solicitó explicación alguna al exportador de la ciudad de Miami; tampoco se valoraron los descargos en cuanto a transferencias de dinero que fueron enviadas mediante una compañía local que reflejan los montos pagados y por otro lado, que la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB señaló expresamente que Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL presentó la documentación de respaldo de las DUI sujetas a fiscalización; situación que no fue considerada por la instancia de alzada, siendo clara la vulneración a su derecho a la defensa, por lo que solicitó se revoque la Resolución de Alzada.

El Superintendente Tributario General, luego de revisados los antecedentes, resolvió CONFIRMAR la Resolución de Alzada, la que a su vez, confirmó la Resolución Determinativa de la Administración Tributaria (ANB).

“(…) el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Por su parte el art. 252 del DS 25870 (RLGA), indica que corresponde al importador la carga de la prueba, cuando la administración aduanera le solicite los documentos e información necesaria para establecer que el valor en aduana declarado corresponde al valor real de la transacción y a las condiciones previstas por el Acuerdo del Valor del GATT 1994.

(…)

“ De la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que habiendo sido notificado el importador Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior No. 030/2006, el 22 de septiembre de 2006 y luego con el Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-238/2006, el 22 de noviembre de 2006, Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL, sólo el 14 de diciembre de 2006 presentó una nota s/n, sin adjuntar descargo alguno, sosteniendo que dicha empresa no compró directamente a Santista Textil el producto signado en la Factura No. 9231, sino que la realizó a un supuesto vendedor al que le habría cancelado en efectivo en ejercicio de su derecho. Al margen de ello sostiene que si bien la empresa proveedora cuenta con otra factura similar de otra venta, ésta difiere en el peso y la cantidad. Finalmente, respecto a las 14 DUI de las mercancías provenientes de Miami, manifiesta que los pagos los realizó mediante giros mediante una compañía financiera local autorizada y que la Administración Tributaria no consultó ni pidió explicaciones al proveedor para fundamentar el informe definitivo.

Al respecto, se advierte que la nota s/n, de 14 de diciembre de 2006, presentada por Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL, fue enviada sin respaldo documental probatorio en función de los arts. 215 y 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), siendo responsabilidad del sujeto pasivo sujetarse a la carga de la prueba establecida en los arts. 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB), así como en el art. 252 del DS 25870 (RLGA); en este sentido, no existe prueba alguna de que el importador haya ofrecido y producido legalmente en los términos previstos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto al argumento de no haberse evaluado los descargos presentados por el recurrente durante la tramitación del Recurso de Alzada; es decir, la documentación cursante en todo el Cuaderno de Pruebas 1 cuerpo (…), cabe precisar que esta documentación carece de eficacia probatoria por incumplir con lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto el recurrente no presentó ninguna prueba que logre desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria cuando fue requerida por la Aduana y los documentos presentados con posterioridad; es decir, el 16 de octubre de 2007 (…), no cumplen con el requisito de presentarse con juramento de reciente obtención; tampoco Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL, demostró que la no presentación oportuna de sus pruebas no fue por causa propia; por lo tanto, el incumplimiento de estos presupuestos legales, impide a esta instancia jerárquica su análisis y evaluación.

De lo anterior, queda establecido que el importador sólo se limitó a presentar una carta manifestando su versión de los hechos y los documentos que presentó posteriormente, sin cumplir con el requisito legal de oportunidad; tampoco fueron presentados con juramento de reciente obtención, evidenciándose de esta manera que la Administración Tributaria Aduanera no ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en los arts. 16 II y IV de la CPE y 68, numerales 6 y 10, de la Ley 2492 (CTB), habiendo tenido Kelly Group Bolivia Air Cargo SRL la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa.”(FTJ IV.3.1. ii. iv. v. vi. y vii.)

-Arts. 76, 77, 81, 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB)
-Derecho a la defensa

El precedente tributario contenido en la STG/RJ/0196/2008 se reitera en la(s) siguiente(s) Resolución(es) Jerárquica(s):